Francisco Sera Planas, por la fiscalía del Holguín, ha solicitado sanciones de hasta 30 años de cárcel para manifestantes del 11 de julio en esa provincia.
Según Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, “las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”.
De acuerdo con Cubalex, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad -122 de ellos por cargos de sedición- y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
En noviembre la Fiscalía de Holguín solicitó 18 años de cárcel Samuel Torres Durán y 15 para Ayan Idalberto Jover, Ernesto Abelardo Martínez y Keyla Roxana Mulet, todos de 17 años.
William Manuel Leyva Pupo, de 20 años, y para quién piden 18 años de cárcel, padece trastornos psiquiátricos, aunque su familia no quiso incluir estos datos en su defensa, precisó Justicia 11J. Leyva ha sido golpeado y torturado en la cárcel.
Todos los acusados en Holguín, que suman una treintena, están siendo procesados por el delito de “sedición”, utilizado de manera discrecional y sin pruebas suficientes por las autoridades contra los manifestantes del 11 de julio, precisa la ONG de asesoramiento legal Cubalex.
A inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
Desde julio, agrupaciones defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil cubana como Cubalex y Justicia 11J han documentado la detención de 45 menores de 18 años, de los cuales 29 han sido excarcelados, aunque nueve están en espera de juicio con medidas cautelares de libertad bajo fianza o reclusión domiciliaria.
Fuente: ADN Cuba