Los inquilinos del edificio 1353 de la calzada de 10 de Octubre, en la barriada La Víbora, en La Habana viven en pésimas condiciones además de con el temor de que el edificio en que viven se derrumbe.
El inmueble, construido en 1903 con viguetas, bobadillas y ladrillos refractarios, no ha recibido mantenimiento en décadas.
Como consecuencia de la falta de mantenimiento, la estructura presenta agrietamiento de las paredes. Asimismo y debido a la ocurrencia de derrumbes parciales en el interior fue declarada no habitable por los institutos de Vivienda y Planificación Física cubanos.
Luego con el colapso del sistema sanitario, los baños colectivos quedaron inoperables ademas de el área de elaboración y los pocos baños y cocinas que algunos núcleos construyeron dentro de las cuarterías. En poco tiempo las tupiciones comenzaron a filtrar a tal punto que Higiene y Epidemiología ordenó en 1998 el cierre del coppelita.
“Llovían aguas albañales. Lo mismo caían granos de frijoles que restos de excrementos”, comentó Andrés Gallardo, uno de los inquilinos, sobre las filtraciones al coppelita. “Poco a poco comenzó a pasar lo mismo en los pisos superiores, lo peor es cuando cae algún aguacero porque se inunda todo. En mi cuarto el agua sube hasta 20 centímetros”.
Según explica Gallardo, la humedad generada por las filtraciones aceleró el deterioro del edificio. En la actualidad su condición es tan endeble que, en días pasados, la base de taxis contigua al inmueble sufrió un pequeño incendio que los bomberos se negaron a extinguir usando los camiones cisterna.
“Tenían miedo que la presión ─del agua desde las mangueras─ fuera a derribar alguna de las paredes del edificio”, dijo.
Quienes continúan habitando el 1353 de la Calzada de 10 de Octubre ─describe Ada Rodríguez Martínez─ han aprendido a caminar como si de andar sobre un campo minado se tratara, pues en varios puntos de las habitaciones y pasillos el piso “se hunde” incluso con las pisadas de los niños. Para ellos, las caídas de trozos del techo y paredes “es cosa del día a día”. El moho permanente en las paredes, la humedad y el no contar con un sitio donde hacer las necesidades fisiológicas son dificultades que pasan a un segundo plano ante la posibilidad de terminar aplastados bajo toneladas de escombros.“Dormimos con un ojo abierto y otro cerrado. Si el gobierno no nos ayuda, somos conscientes de que un día el edificio nos va a enterrar”, lamentó Rodríguez.
Durante el primer quinquenio del siglo un primer grupo de residentes fue extraído del edificio y ubicado en albergues. De acuerdo con Esteban Morejón, el gobierno municipal de Diez de Octubre se habría comprometido a progresivamente terminar de reubicar el resto de los núcleos en nuevos albergues. Más de 15 años después sólo unas pocas personas han logrado abandonar el edificio, la mayoría acogidas por familiares.
En la actualidad en el inmueble conviven un total de 13 núcleos, compuestos por 13 hombres, 14 mujeres, seis menores de edad de entre tres meses y 11 años, y tres ancianos. De los 36 residentes, cinco presentan afecciones crónicas de salud: dos enfermos de VIH-SIDA, un epiléptico, un diabético y un esquizofrénico-paranoico.
Explica Morejón que, con el paso de los años, los vecinos han presentado más de veinte peticiones de ayuda a las instancias provinciales del Partido y el Gobierno, donde refieren que la problemática debe ser resuelta a nivel municipal.“En la provincia te mandan para el municipio y allí te dicen que no tienen recursos para resolver el problema, que tenemos que recurrir a la provincia”, destaca Morejón.
Del mismo modo, las cartas remitidas a la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Vivienda tuvieron respuestas similares, atribuyendo la solución a la competencia del municipio. Una de las excusas ofrecidas por las autoridades fue que en el territorio no hay espacio para levantar nuevas viviendas.
Sabarí Puentes indica que, lejos de encontrar ayuda, en varias ocasiones desde Vivienda han utilizado engaños para que los núcleos restantes abandonen el edificio.
En una oportunidad, amplía Puentes, Vivienda realizó la extracción de cinco familias que fueron trasladadas a un albergue habilitado en una zona intrincada de Novia del Mediodía, en el municipio de La Lisa. El lugar exhibía unas naves lúgubres sin servicio sanitario y paredes enmohecidas que no diferían de las del edificio y se encontraba aislado de servicios básicos como el médico.
“En 72 hora ya todo el mundo estaba de vuelta, aquello estaba peor, parecíamos animales salvajes. Pero se agarraron de eso para decir que nos dieron una solución y la rechazamos, que tendríamos que esperar a que apareciera un habitable disponible”, señaló Puentes.
Según el diario Granma, en la capital más de 130 mil personas viven en albergues. La mayoría llegan bajo la promesa de en pocos meses recibir una nueva vivienda, pero en la práctica son múltiples los casos de familias que llevan más de veinte años en esa espera.
Puentes fue víctima de otra mentira. Le hicieron abandonar el edificio asegurándole que le entregarían un nuevo apartamento. Después de tres días “botada en la calle”, a la espera de recibir la llave del inmueble prometido, cuenta que María Elena, la funcionaria de Vivienda que le atendió, en tono agresivo le dijo que “el apartamento ya había sido entregado a otra persona que le hacía más falta”.
Volver al edificio tampoco era una opción para Puentes, pues la funcionaria le aseguró que, de retornar, sería considera como ilegal.“Me querían dejar en la calle, a la cara, de la manera más descarada que se puede imaginar. Tuve que virar y meterme a la fuerza”, declaró Puentes.
En 2015 Vivienda realizó un levantamiento de núcleos y convivientes en el edificio, por el cual tuvieron que acudir a la Dirección Municipal de Albergues con el propósito de confeccionar un expediente para el futuro traslado.
Sin embargo, en verificaciones posteriores realizadas por Vivienda fueron notificados que los supuestos expedientes habían desaparecido, siendo declarados ilegales e invitados a abandonar el edificio “por las buenas”.
Desde 2004, Liudmila Romero Fernández, madre de dos niñas menores de edad, convive en un pequeño cuarto con barbacoa que pertenece a su esposo. Ella es una de las inquilinas que más amenazas de desalojo ha sufrido.
“Cuando hicieron los expedientes mi esposo estaba preso, por eso no quisieron incluirlo. Yo presenté el certificado de nacimiento de las dos niñas, que son sus hijas, pero con la pérdida de los expedientes dicen que no aparezco en ninguna parte, que estoy ilegal y que en cualquier momento me pueden sacar de aquí”, argumentó Romero, cuyas hijas tienen cinco años y nueve meses, respectivamente.
Fuente: Cubanet