Al menos 80 actos represivos llevaron a cabo las autoridades del régimen cubano contra posibles participantes en la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el pasado 15 de noviembre, denunció la Comisión de Apoyo a la plataforma opositora Archipiélago.
Las acciones para frustrar la convocatoria pacífica de Archipiélago ocurrieron entre el 14 y el 20 de noviembre. Eric Brito, integrante de la Comisión de Apoyo, dijo a Radio Televisión Martí que el número real podría ser mayor, porque las familias fueron sometidas a interrogatorios y otras presiones de la policía política para que no denuncien.
“Sucedieron situaciones de interrogatorios ilegales como método de coacción a las personas que habían manifestado su intención de marchar el día 15 de noviembre y una serie de amenazas hacia los familiares de personas detenidas”, dijo Brito.
En el informe exponen la “militarización” de las principales provincias del país, donde se había notificado a las autoridades la intención de realizar las marchas pacíficas, como La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
La Comisión de Apoyo condenó las detenciones domiciliarias ilegales impuestas por el régimen a varios activistas y periodistas independientes, así como los mítines de odio contra los principales promotores de la iniciativa.
La organización también registró el “uso de organizaciones sociales en la represión como fue el caso de la Federación de Mujeres Cubanas” y “las actividades públicas en las principales vías, evitando así congregación de personas que intentaron marchar”, informó Radio Televisión Martí.